El 9 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario propuesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta legislación, que fue previamente disuelta con las Cortes Generales, busca imponer multas de entre 60.000 y 500.000 euros a establecimientos como restaurantes, bares y supermercados que desechen comida, entre otras disposiciones.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, resaltó la importancia de esta normativa en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Planas enfatizó que el tema sigue siendo relevante, lo que ha llevado al Gobierno a reactivar el proceso legislativo. Subrayó que la ley se basa en la eficiencia económica, la protección ambiental y la justicia social, además de tener un componente ético y moral.
Esta ley establece un marco legal para todo el territorio español con el objetivo de prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, priorizando la concienciación de todos los actores de la cadena alimentaria. Las infracciones graves podrían acarrear multas significativas, considerándose la reincidencia en un período de dos años como agravante.
La normativa establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos no consumidos, dando preferencia a la donación para consumo humano. Se requerirá que los agentes de la cadena alimentaria establezcan convenios de colaboración para facilitar la donación de excedentes de alimentos a entidades sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
En cuanto a las empresas de hostelería, se les impondrá una nueva obligación de permitir a los consumidores llevarse la comida sobrante en envases reutilizables o fácilmente reciclables, sin coste adicional. Aquellas que incumplan esta medida podrían enfrentar multas de hasta 2.000 euros.
El proyecto de ley también promueve medidas de buenas prácticas, como la venta de productos considerados “feos” o la promoción de alimentos de temporada y proximidad. Además, insta al Gobierno a adoptar políticas para adecuar las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio, junto con acciones formativas sobre su interpretación.
A nivel gubernamental, se requerirá la elaboración de un Plan Estratégico para la prevención y reducción del desperdicio alimentario, así como un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario. Estos planes se revisarán periódicamente para asegurar su eficacia y ajuste a las necesidades.
Según la FAO, se desperdician aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos a nivel mundial cada año. En España, se registró un descenso del 6,1% en el desperdicio alimentario en 2022 en comparación con el año anterior, aunque sigue siendo un problema relevante que esta ley busca abordar.
Con la entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2025, el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario se posiciona como una medida integral para fomentar la eficiencia en el uso de recursos y promover prácticas más sostenibles en toda la cadena alimentaria española.