Noruega autoriza la minería submarina y permitirá desechar residuos mineros

Noruega ha desatado la controversia al otorgar permisos a la compañía Nordic Mining para realizar minería submarina y verter 170 millones de toneladas de desechos mineros en el fiordo de Førde. Esta aprobación se dio tras una reforma respaldada por el Parlamento el 15 de enero, permitiendo la explotación de fondos marinos para la minería, convirtiendo a Noruega en el primer país en autorizar la minería submarina en un área de 281,000 kilómetros entre el mar de Barents y el mar de Groenlandia.

El objetivo declarado por el Gobierno es buscar metales preciosos para la transición energética en aguas profundas. Sin embargo, esta medida ha suscitado críticas por parte de ecologistas y expertos marinos, quienes advierten sobre las posibles consecuencias negativas, como la pérdida de biodiversidad y la interrupción de procesos ecológicos debido al vertido de metales.

A pesar de la oposición, el gobierno noruego ganó en los tribunales contra la plataforma Amigos de la Tierra Noruega, que cuestionó la decisión de verter residuos tóxicos al mar. La organización ecologista argumentó que la acción contravino la Convención de Aarhus, un tratado internacional que regula los derechos de participación ciudadana en asuntos ambientales.

El director de Amigos de la Tierra Noruega, Truls Gulowsen, destacó la preocupación por el impacto en el ecosistema saludable y sostenible del fiordo de Førde. La Convención de Aarhus, firmada en 1998, establece que el acceso a la justicia en asuntos ambientales no debe ser prohibitivo desde el punto de vista financiero, permitiendo a los ciudadanos denunciar incumplimientos del tratado.

El Instituto Noruego de Investigación Marina también expresó su preocupación, señalando que el fiordo es crucial para la cría de bacalao y como ruta migratoria para el salmón. El científico Geir Huse advirtió sobre el riesgo de dispersión de partículas finas por una mayor extensión del mar, destacando que, aunque su rol es asesorar, la decisión final recae en los políticos y la administración.

Este debate destaca la tensión entre los intereses económicos y la preservación ambiental en el contexto de la minería submarina, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad y la responsabilidad en la toma de decisiones.