La justicia francesa quiere reforzar la preservación ambiental en el seno de su propia administración y a través de sus empleados, dotando de herramientas y aclarar algunos aspectos relevantes de la justicia ambiental.
El 11 de mayo pasado, el ministro de Justicia francés publicó y distribuyó en su ministerio una circular relacionada con la Ley Nº 2020-1672, para reforzar el papel de la Justicia en materia ambiental. En ella se señala al poder judicial como un agente imprescindible en la regulación social para prevenir, sancionar y reparar los daños al medio ambiente en todas sus formas.
Además, la circular detalla las nuevas disposiciones aprobadas y ofrece orientaciones sobre las bases que deben servir para alcanzar una justicia renovada referida al medio ambiente, por ejemplo:
1. Mayor especialización respecto a la organización judicial, justificando la intervención de jurisdicciones especializadas que pueden conocer sobre distintos tipos de ilícito penal o civil ambiental.
Se crean áreas de especialización regionales ambientales (PRE), que tratarán los casos complejos de daños al medio ambiente por su elevado grado de complejidad técnica, la importancia del perjuicio causado, y los casos que excedan la jurisdicción geográfica.
2. Desarrollo de nuevas sinergias respecto al tratamiento de los procedimientos, dándole cabida a los actores institucionales (servicios de policía y gendarmería, administraciones especializadas, establecimientos públicos), así como a la sociedad civil (asociaciones de protección ambiental, ONGs).
3. Una política penal dinámica y coordinada que permitirá actualizar la problemática ambiental, presentar la política penal aplicada en la jurisdicción regional y elaborar la evaluación y las perspectivas de las principales acciones realizadas en la jurisdicción.
4. Refuerzo de la policía forense ambiental, teniendo en cuenta que, cuando se trate de una investigación conjunta con la policía o la gendarmería, éstos conservarán todas las prerrogativas judiciales, garantizando un marco de intercambio espontáneo de informaciones y documentos de procedimientos con el otro servicio de investigación con el que se esté trabajando.
5. Acciones de los servicios policiales. La gendarmería nacional puso en marcha en 2019 una formación de ‘investigador de daños ambientales y a la salud pública’ para reforzar la policía ambiental. Hasta la fecha se han formado unos 350 agentes.
6. Lograr más efectividad y legibilidad respecto a la respuesta penal, para que, además de ser efectiva en términos de sanción y reparación del perjuicio causado, sea comprensible para la ciudadanía.
Se iniciarán procedimientos cuando:
- El autor que obstruye la acción de las autoridades públicas sea reincidente o forme parte de una organización criminal organizada.
- Los daños causados o susceptibles de ser causados al medio ambiente puedan tener un carácter duradero o supongan un riesgo para la salud o la seguridad de las personas.
Con respecto a la búsqueda de la responsabilidad penal ambiental de las personas jurídicas:
- Debe buscarse sistemáticamente cuando se cumplan las condiciones legales correspondientes.
- Los fiscales tratarán de imponer multas adecuadas a las circunstancias del delito y a sus recursos y costes, teniendo en cuenta el perjuicio económico derivado del incumplimiento de la normativa ambiental.
La creación de una convención judicial de interés público (CIJP):
Las CJIP deben ser puestos en funcionamiento principalmente por las jurisdicciones especializadas. Se aplica a las infracciones previstas en el Código del Medio Ambiente y a las infracciones conexas, excluidos los crímenes y delitos contra las personas.
Finalizado y validado el procedimiento de CIJP, se elaborará un comunicado de prensa a través del Ministerio Fiscal. Luego, se publicará su contenido a nivel nacional, en las páginas de internet del ministerio de justicia y del ministerio del medio ambiente.
Las evoluciones procesales planteadas en la circular son solo la primera etapa del nuevo enfoque ambiental que Francia está dando a la justicia, en la lucha contra la desregulación climática y el reforzamiento de la resiliencia de Francia ante los efectos de la falta de adaptación de la normativa a la nueva realidad ambiental.
Adicionalmente, la circular contiene 5 anexos:
Anexo 1: Las jurisdicciones especializadas en materia ambiental.
Anexo 2: Los servicios especializados encargados de la policía ambiental.
Anexo 3: La instrucción ambiental.
Anexo 4: La restitución al estado inicial de los espacios ambientales.
Anexo 5: Los servicios de la administración encargada de controlar las CJIP (Convenciones judiciales de interés público).
En resumen, Francia plantea el desarrollo de procedimientos adecuados, asignando recursos humanos con formación específica, para prevenir, investigar y enjuiciar los delitos contra el medio ambiente, y que garanticen un elevado nivel de especialización y conocimientos especializados de las autoridades implicadas, incluidos fiscales y jueces, con vistas a enjuiciar y sancionar la delincuencia ambiental de manera más eficiente.
